Las leyes de protección del consumidor de la UE tienen como objetivo empoderar a los consumidores para que desempeñen un papel activo y se beneficien plenamente del Mercado Único Digital. Existe la preocupación de que las nuevas tecnologías y las prácticas basadas en datos se utilicen para socavar la elección de los consumidores e influir en ellos para que tomen decisiones que van en contra de sus intereses. El control de adecuación tiene como objetivo determinar si los instrumentos clave de derecho de consumo horizontales existentes siguen siendo adecuados para su propósito. Abarca: Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales (UCPD); Directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidores (CRD); Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas contractuales abusivas (UCTD), así como los últimos cambios de estas Directivas en 2022 mediante la Directiva de modernización.

La Junta toma nota de las mejoras introducidas en el informe.

Sin embargo, el informe sigue presentando importantes deficiencias. El Consejo de Administración emite una opinión positiva con reservas, ya que espera que el Servicio Principal subsane los siguientes aspectos:

(1)       Las limitaciones de la base de evidencia no se reflejan suficientemente en las Conclusiones. Las lecciones aprendidas sobre la necesidad de mejorar el seguimiento y los procesos de recolección de evidencia no están suficientemente desarrollados.

 (2) El enfoque y los supuestos utilizados para estimar el costo para el negocio no están suficientemente justificados.

El Servicio Principal debería revisar el informe antes de iniciar la consulta interservicios.

Las leyes de protección del consumidor de la UE tienen como objetivo empoderar a los consumidores para que desempeñen un papel activo y se beneficien plenamente del Mercado Único Digital. Existe la preocupación de que las nuevas tecnologías y las prácticas basadas en datos se utilicen para socavar la elección de los consumidores e influir en ellos para que tomen decisiones que van en contra de sus intereses. El control de adecuación tiene como objetivo determinar si los instrumentos clave de derecho de consumo horizontales existentes siguen siendo adecuados para su propósito. Abarca: Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales (UCPD); Directiva 2011/83/UE sobre derechos de los consumidores (CRD); Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas contractuales abusivas (UCTD), así como los últimos cambios de estas Directivas en 2022 mediante la Directiva de modernización.

(1) La descripción de la base de pruebas requiere una mejora significativa para que quede claro hasta qué punto son sólidas y representativas. A este respecto, el informe debería aclarar qué datos son estadísticamente representativos y cómo se ha asegurado analíticamente su calidad. Debería explicarse mejor la representatividad del panel preestablecido a gran escala utilizado para la encuesta de consumidores. El informe debería evaluar críticamente las limitaciones e incertidumbres de las pruebas y las fuentes de los datos, en particular los basados ​​en la percepción, y cómo esto puede afectar a los resultados cuantitativos. Todo análisis cuantitativo y la presentación de informes de datos no representativos basados ​​en muestras pequeñas deberían realizarse con la máxima cautela y solo cuando sea apropiado. Deberían incluir y comparar los datos basados ​​en la percepción con otros tipos de datos, como los datos de quejas sobre preferencias reveladas en transacciones reales.

(2) El informe debería identificar claramente, con pruebas concretas cuando ya estén disponibles, la magnitud de la brecha restante entre la legislación de consumo cubierta por el informe y el acervo digital en evolución. Cuando existan lagunas en las pruebas debido a la evolución de la situación, esto debería mencionarse explícitamente, junto con la necesidad de realizar un análisis más profundo con vistas a posibles nuevas iniciativas. El informe debería explicar en qué medida las nuevas obligaciones impuestas en virtud de las leyes sobre mercados digitales, servicios digitales y otras leyes recientes pueden abordar parte de las nuevas prácticas digitales problemáticas a las que se enfrentan los consumidores, por ejemplo, mediante obligaciones impuestas a las principales plataformas de control de acceso. En situaciones pertinentes, el informe debería delinear y analizar claramente la escala del problema «residual», por ejemplo, la escala del problema fuera de las principales plataformas de control de acceso.

(3) El informe debería mejorar significativamente el análisis para que quede claro lo que ha sucedido en el período de evaluación (2017-2023). Debería identificar puntos de comparación adecuados y hacer referencia explícita a cuánto cambio se ha producido en relación con esos puntos. Debería quedar claro cuánto cambio puede atribuirse directamente a las tres Directivas en el ámbito de aplicación y en qué medida este cambio cumple las expectativas originales.

(4) Las estimaciones del perjuicio para los consumidores deberían explicarse y demostrarse mejor, incluyendo los supuestos clave (en particular el supuesto de que el 30 % de los consumidores de la UE experimentaron prácticas problemáticas en 2023). El perjuicio estimado para el consumidor no debe considerarse un coste para el consumidor debido a la legislación, sino que el análisis debe mostrar si ha aumentado o disminuido (y en qué medida) en el período de evaluación en relación con el punto de comparación.

(5) El informe debe ser más explícito en cuanto a la escala relativa y la importancia relativa de los problemas. Debe situar las estimaciones del perjuicio para el consumidor y el número de quejas de los consumidores en el contexto adecuado. Al hacerlo, debe evaluar la escala del problema en relación con el gasto total de los consumidores en la economía digital, de modo que la magnitud de las transacciones problemáticas de los consumidores resulte más evidente. Debe demostrar cómo ha evolucionado el problema a lo largo del tiempo, por ejemplo, comparando la tasa de crecimiento de los sectores de comercio electrónico y servicios con la proporción de quejas de los consumidores.

(6) El informe debe abordar mejor las cuestiones relacionadas con la falta de disponibilidad de pruebas sólidas basadas en datos cuantitativos no basados ​​en opiniones. En cuanto a los problemas emergentes, el informe debe analizar mejor la gravedad o el perjuicio, por ejemplo, los relacionados con la salud mental y otros aspectos del perjuicio para el consumidor más allá de las pérdidas financieras directas. En caso de que no se disponga de datos o pruebas pertinentes, el informe debe exponer claramente las lagunas en las pruebas y podría proponer medidas para recopilar las pruebas necesarias.

(7) El informe debe analizar y tener en cuenta las diferencias entre los Estados miembros. Debe explicar si los resultados de la encuesta de consumidores y otros comentarios de las partes interesadas mostraron diferencias significativas con respecto a la escala relativa de la práctica problemática explorada y, de ser así, explicar las razones detrás (por ejemplo, diferencias en la protección del consumidor nacional).

(8) El informe debería aclarar en qué medida la aplicación insuficiente reduce la eficacia de la reglamentación vigente, en particular aclarando qué significa una aplicación insuficiente en la práctica y qué debe considerarse una aplicación suficiente. En este contexto, el informe debería evaluar mejor en qué medida los problemas de aplicación de las directivas actuales están vinculados a cuestiones de capacidad administrativa y si existen diferencias entre los Estados miembros.

(9) El informe debería profundizar significativamente en el análisis de la dimensión de competitividad y pymes. Debería explicar si los proveedores de servicios con sede en la UE, en particular las pymes, pueden experimentar una desventaja competitiva en comparación con sus competidores de terceros países. Debería evaluar si las directivas vigentes han afectado a la capacidad de las empresas para innovar, en comparación con las prácticas observadas fuera de la UE.

(10) Las estimaciones de costes deberían identificarse claramente indicando los métodos utilizados. El potencial de simplificación debería identificarse con precisión. Las opiniones de las partes interesadas deberían presentarse de manera más equilibrada a lo largo del informe.

(11) Las secciones de conclusiones y lecciones aprendidas deben revisarse para reflejar de forma precisa y objetiva el análisis modificado, teniendo plenamente en cuenta la solidez limitada de las pruebas subyacentes. En general, el informe debe abstenerse de declaraciones sobre medidas concretas que se deben adoptar, ya que este no es el propósito de un control de adecuación, sino más bien de una futura evaluación de impacto. El informe debe exponer con mayor claridad las lecciones aprendidas en relación con la evolución del panorama normativo de la UE en el área digital.

Se han enviado directamente algunos comentarios más técnicos al Servicio autor.

El Servicio responsable deberá revisar el informe antes de iniciar la consulta interservicios.

El Servicio responsable podrá volver a presentar al Consejo una versión revisada de dicho informe.