Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
Resumen
El Proyecto de Ley de IA (PJL) busca flexibilizar la normativa que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en Francia. Según sus críticos, este texto: desregula la IA: disminuye las restricciones, facilita la experimentación y el lanzamiento de nuevas herramientas de IA, en ocasiones en detrimento de las salvaguardias éticas, sociales y ambientales. Acelera, además, su avance al priorizar la innovación rápida y la competitividad económica, fomentando el despliegue masivo de tecnologías de IA sin anticipar adecuadamente sus impactos negativos. Y, finalmente, provoca el riesgo de ecocidio vía el desarrollo intensivo de la IA por el consumo de enormes recursos (energía, agua, metales preciosos), lo que podría agravar la actual crisis ecológica.
En conclusión, quienes se oponen al Proyecto de Ley de IA (PJL) creen que, al intentar simplificar y acelerar el desarrollo de la IA, el gobierno corre el riesgo de sacrificar la ética, la protección ambiental y la prudencia en nombre del progreso tecnológico.
A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico: [email protected]
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LA QUADRATURE DU NET
Proyecto de Ley de Simplificación: Desregular la IA, Acelerar su avance contra el ecocidio
Publicado el 29 de abril de 2025
Esta tarde o mañana se examinarán las enmiendas al Artículo 15 del proyecto de ley de “simplificación” de la vida económica. La Quadrature du Net, en colaboración con el colectivo “Le Nuage était sous nos pieds” y miembros de la coalición Hiatus, exige su abolición y, junto con muchos otros actores de la sociedad civil y representantes políticos, el establecimiento de una moratoria para los grandes centros de datos. ¡Únete a esta lucha visitando nuestra página de campaña!
¿Qué prevé el Artículo 15?
El Artículo 15 del proyecto de ley, relativo a los centros de datos, encaja perfectamente en esta oscura historia: autoriza al gobierno a conceder proyectos para la construcción de centros de datos de gran tamaño, con un enorme impacto ambiental, una categoría derivada de la Ley de Industria Verde de 2023: la etiqueta de “Proyecto de Gran Interés Nacional” (PINM). Según el gobierno, este estatus podría otorgarse a centros de datos con una superficie de entre 30 y 50 hectáreas (¡hasta 71 campos de fútbol!).
Con este estatus PINM, las multinacionales tecnológicas y los fondos de inversión que las respaldan recibirían asistencia gubernamental para imponer centros de datos en los municipios: el Estado asumiría entonces el control de las competencias de las autoridades locales en materia de planificación urbana y regional, liderando él mismo la revisión de los planes urbanísticos locales para adaptarlos a los proyectos en cuestión. Se agilizarían aún más los procedimientos de consulta pública. Finalmente, el gobierno podría conceder exenciones a las regulaciones ambientales, en particular las relativas a las especies protegidas. En otras palabras, el gobierno podría eludir las normas existentes en nombre de la “simplificación” y la “innovación” e imponer a los municipios la construcción de centros de datos contaminantes.
Desregular la tecnología
La ley de “simplificación”, por lo tanto, marca un paso fundamental en la desregulación de la IA, todo ello al servicio de la industria tecnológica y en el contexto de una burbuja especulativa en torno a los centros de datos y la creciente rivalidad geopolítica entre las potencias imperialistas mundiales.
En la cumbre sobre IA organizada por Francia el pasado febrero, el tono se vió claramente. En su discurso, Emmanuel Macron declaró: «Si regulamos antes de innovar, nos aislaremos de la innovación». El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, de tendencia tecno-reaccionaria y quien viajó a París, no ocultó su satisfacción: «Me complace ver que se percibe un tufo de desregulación en muchos de los debates», declaró durante su discurso.
En realidad, ya en 2023, Francia había hecho todo lo posible en la Unión Europea para priorizar la sacrosanta «innovación» sobre los derechos humanos en las negociaciones sobre la regulación de la IA. Bajo la dirección del exministro Cédric O, ahora principal cabildero de la tecnología francesa, y gracias a la presión de Emmanuel Macron, París logró convencer a sus socios europeos de que favorecieran un enfoque menos exigente. Estas renuncias se sintieron especialmente en el ámbito de la IA policial, con la legalización del reconocimiento facial en tiempo real y una serie de excepciones reservadas a las fuerzas policiales y otros servicios de inteligencia.
Al mismo tiempo, aún en nombre de la IA, se introdujeron un número creciente de excepciones legales, por ejemplo, mediante mecanismos de “sandbox regulatorio“. Y ahora es el RGPD el que algunos quieren desmantelar para “liberar” a la IA, supuestamente “limitada” por las normas adoptadas para proteger el derecho a la privacidad y los datos personales. Lejos de defender los “valores” asociados a los derechos humanos, sociales y ambientales, la Unión Europea se hunde en una espiral descendente frente a China y Estados Unidos, dos potencias enfrascadas en una carrera por el desarrollo de la IA.
La tecnocracia en movimiento
En nombre de la “simplificación”, el artículo 15 del proyecto de ley debatido por la Asamblea Nacional continúa esta tendencia desreguladora, limitando la legislación ambiental y el derecho a la participación ciudadana en relación con los grandes proyectos de centros de datos.
Entre estos últimos se encuentran los inmensos centros de datos financiados por el gobierno francés. Con el objetivo de desarrollar estas infraestructuras, columna vertebral del mundo digital dominante, y acelerar el acaparamiento de tierras, la minería y los recursos hídricos, así como la explotación laboral que conllevan, vemos ahora a empresas como RTE, normalmente garantes del servicio público de energía, presumir de su colaboración con multinacionales estadounidenses del sector, como Digital Realty. El pronóstico de RTE prevé, por lo tanto, una triplicación del consumo eléctrico de los centros de datos para 2035, lo que equivale aproximadamente al 4 % del consumo nacional.
El gobierno considera los miles de millones de euros de inversión privada anunciados para la construcción de centros de datos en Francia como una confirmación de los méritos de su política de reactivación nuclear, incluso si ello implica ignorar los peligros y las grandes incógnitas que rodean estos programas. También implica iniciar un resurgimiento desenfrenado del extractivismo minero y las prácticas depredadoras asociadas, tal como se fomenta en el artículo 19 del mismo proyecto de ley de “simplificación”. Finalmente, significa silenciar las protestas, ignorar el derecho a la consulta pública y restringir aún más las competencias de la Comisión Nacional para el Debate Público, que lleva años exigiendo participación en la construcción de centros de datos.
La clave es, en primer lugar, la imposibilidad de una política de sobriedad colectiva para abordar las crisis sociales, climáticas y ecológicas. Con el aumento de la demanda de centros de datos, también existe la perspectiva de un aumento vertiginoso de los precios de la electricidad, la inseguridad energética asociada y el aumento del riesgo de conflictos de uso. Porque, en proporción a sus recursos financieros, el apetito de los gigantes tecnológicos por la electricidad es insaciable. Hace unos días, Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google y emisario de Silicon Valley en Washington, lo admitió sin rodeos ante un comité del Congreso estadounidense sobre el desarrollo de la IA:
“Lo que esperamos de ustedes [el gobierno] es que [las tecnológicas] dispongamos de energía en todas sus formas, renovables o no renovables, da igual. Tiene que estar disponible, y tiene que estar disponible rápidamente”. Muchos predicen que la demanda de nuestra industria aumentará del 3% al 99% de la producción total [de electricidad mundial] (…).
En Estados Unidos, muchos productores de electricidad se preparan para reiniciar las centrales eléctricas de gas o carbón, o para retrasar su cierre ante el creciente consumo de los centros de datos. El tecnofascismo y el carbofascismo van innegablemente de la mano.
Para contrarrestar esta precipitada carrera, debemos votar en contra del Artículo 15 del proyecto de ley y apoyar una moratoria sobre los grandes centros de datos hasta que se establezcan las condiciones para el control colectivo de la infraestructura digital. La pelota está ahora en la cancha de los parlamentarios. ¡Visite nuestro sitio web para contactar a sus representantes en la Asamblea Nacional e influir en su voto!
Publicado en Data Centers
