Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
RESUMEN
La Comisión Europea ha lanzado recientemente una iniciativa llamada «ComPAct» (Enhancing the European Administrative Space) para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas en todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo los niveles regional y local. Este plan tiene como objetivo crear un «Espacio Administrativo Europeo» caracterizado por una administración pública de alta calidad.
Los objetivos principales de este plan son:
- Mejorar la digitalización de los servicios públicos, lo que implica una mayor interconexión y prácticas administrativas más ágiles y eficaces.
- Fortalecer la estructura del Estado de Derecho y mejorar la lucha contra la corrupción.
El plan ComPAct incluye 25 acciones divididas en tres pilares fundamentales:
Pilar 1. Agenda de Capacidades para la Administración Pública
Pilar 2. Capacidad para la Década Digital de Europa
Pilar 3. Capacidad para liderar la transición ecológica
Para los objetivos del presente Blog, se ha desarrollado el Plan del Pilar 2. centrado en cuatro áreas claves:
- Desarrollar habilidades digitales
- Construir una infraestructura digital robusta y sostenible
- Impulsar la transformación y competitividad de las empresas europeas
- Digitalización de los servicios públicos.
El presente documento informativo se basa en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la “Mejora del Espacio Administrativo Europeo (ComPAct)” [COM(2023)667].
La tendencia actual sobre el rol del Estado es de acceder a un modelo mixto entre una economía de mercado y una economía planificada centralmente, con un Estado que corrige las fallas del mercado y redistribuye excedentes, pero sin sustituir completamente los mecanismos de mercado.
El autor de este documento es la Comisión Europea, Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales, Mejora del Espacio Administrativo Europeo (ComPAct), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2024 y el acceso al documento integral se encuentra en: https://data.europa.eu/doi/10.2887/66506 No puede considerarse el presente documento como una posición oficial de la Comisión Europea.
A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico:cferreyros@hotmail.com
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MEJORA DEL ESPACIO ADMINISTRATIVO EUROPEO (ComPAct)
INTRODUCCIÓN
En un mundo en rápida evolución, enfrentado a complejos cambios económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales, así como a múltiples transiciones, es esencial contar con unas administraciones públicas de alta calidad[1] para la buena gobernanza y para la eficacia de la actuación de la UE y de los Estados miembros.
El sector público debe estar orientado a la acción y hacer frente a los retos emergentes, reforzando al mismo tiempo la confianza de los ciudadanos. Además de hacer frente a graves perturbaciones externas, como la pandemia de COVID-19 y la agresión rusa a Ucrania, es fundamental que la UE siga dando respuesta a los retos climáticos y medioambientales, construya economías resilientes y sostenibles y sociedades justas, fomente la competitividad a largo plazo de la economía de la UE[2] configure la transformación digital de los servicios y el entorno laboral, promueva la democracia y desempeñe un papel importante en el mundo.
La ejecución de esta agenda política depende de unas administraciones públicas de alta calidad, innovadoras y resilientes a todos los niveles de los Estados miembros.
Las administraciones públicas traducen las políticas y la legislación de la UE en acciones nacionales bien diseñadas, de base territorial, basadas en datos concretos y preparadas para la digitalización y para el futuro. Elaboran y aplican políticas de importancia capital para la consecución de la neutralidad climática y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desempeñan un papel clave a la hora de adaptar la UE a la era digital prestando unos servicios públicos digitales fluidos, seguros e interoperables para un mercado único plenamente operativo, garantizando la adquisición de capacidades digitales en toda la sociedad, fomentando la adopción de tecnologías emergentes y reforzando la rendición de cuentas y la supervisión pública de su uso. La Administración pública, el sector privado, los interlocutores sociales y las instituciones educativas conforman la competitividad de la mano de obra y las empresas promoviendo las capacidades del futuro[3]
Las administraciones públicas a nivel central, regional y local son las responsables de garantizar una gestión adecuada y sostenible de los presupuestos nacionales y de la UE. Recaudan fondos e ingresos públicos y ejecutan directamente alrededor de un tercio del presupuesto de la UE, incluidos los Fondos de Cohesión, Next Generation EU y su elemento central, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Las administraciones públicas son cruciales en el diseño y la aplicación de reformas e inversiones en el marco de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PRR), así como de estrategias de desarrollo regional que sustentan un uso eficaz de los Fondos de Cohesión. Las administraciones públicas gestionan el sector público, que es responsable del 51,5 % del PIB de la UE[4], emplea a alrededor del 21 % de la mano de obra de la UE[5] representa el 19,8 % del valor añadido bruto total de la UE[6] y crea cada año un mercado por valor de unos 670 000 millones EUR a través de contratos de obras y suministros públicos[7].
Las administraciones públicas desempeñan un papel clave en la promoción del crecimiento en todas las regiones[8]. La calidad de las instituciones públicas a nivel regional y local es un requisito previo para las políticas de base territorial, la competitividad regional y el atractivo para la inversión[9], lo cual es importante para evitar trampas para el desarrollo, en particular en las regiones menos desarrolladas y en transición.
Las administraciones públicas son esenciales para la gobernanza democrática y la defensa del Estado de Derecho. Las administraciones públicas deben preservar y aumentar la confianza de los ciudadanos y defender la democracia[10] mediante altos niveles de integridad, transparencia, rendición de cuentas, prevención de la corrupción y lucha contra ella[11]. Garantizan la elaboración de políticas de forma participativa, la calidad, la inclusividad y la proximidad de los servicios[12], unos marcos reglamentarios adecuados que utilicen los mejores conocimientos y datos científicos disponibles, incluido el uso ético de la IA y otras tecnologías digitales, al tiempo que protegen la sostenibilidad de las finanzas públicas. Unas administraciones públicas que funcionan correctamente atienden las necesidades de los ciudadanos (prestando especial atención a los más vulnerables) y de las empresas eliminando los obstáculos restantes, reduciendo la carga administrativa y afianzando el funcionamiento del mercado único y la aplicación de sus cuatro libertades fundamentales.
Los niveles de calidad de las administraciones públicas de los Estados miembros también son un punto de referencia para los países candidatos, que adaptan sus leyes y prácticas a las de la UE y se enfrentan a retos similares, como la doble transición y el cambio demográfico. Una Administración pública de calidad ya es un requisito fundamental para la adhesión, al igual que el Estado de Derecho.
Debe mejorarse la eficacia de la Administración en toda la UE[13].
En general, las administraciones públicas lograron mantener funciones esenciales durante la crisis de la COVID-19[14], pero esta última amplificó las brechas en la preparación digital, las incoherencias en la planificación estratégica y las capacidades de gestión de crisis. Siguen existiendo diferencias importantes entre Estados miembros en lo que se refiere a la calidad de los servicios y la elaboración de políticas[15]. En el Semestre Europeo, en particular en el anexo dedicado a la Administración pública en los informes por país, la Comisión ha centrado cada vez más su atención en la calidad de la Administración pública.
Una mejor ejecución de la política de la UE y un mejor desempeño administrativo podrían ahorrar cada año miles de millones de euros a los contribuyentes y las empresas de la UE. Los Estados miembros podrían ahorrar 64 200 millones EUR al año mejorando su desempeño administrativo. Las empresas podrían ahorrar 2 200 millones EUR anuales a escala de la UE si los procedimientos administrativos y los costes para crear una empresa se ajustaran a los de los Estados miembros con un mejor desempeño[16]. En una encuesta reciente del Eurobarómetro[17], los europeos expresaron su deseo de que las administraciones públicas sean menos burocráticas (48 %), más rápidas en la prestación de servicios (47 %), más transparentes y más próximas a los ciudadanos. También consideran que la Comisión propicia una mejor reacción ante las crisis y es una importante facilitadora de la cooperación y el intercambio de conocimientos para que las administraciones públicas sean más eficientes y eficaces.
Las administraciones públicas tienen que anticipar los cambios, además de reaccionar ante ellos [18].
Para lograrlo, deben reforzar su capacidad para planificar a nivel de la Administración en su conjunto, adaptar sus métodos de trabajo a los rápidos cambios tecnológicos, y revisar y renovar continuamente la elaboración de políticas[19] y la prestación de servicios orientada a los ciudadanos. Al mismo tiempo, además de la planificación estratégica en curso en el marco del ejercicio presupuestario plurianual o de la programación de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, las administraciones públicas deben promover actividades y capacidades con visión de futuro, tales como previsiones estratégicas en cooperación con el mundo académico, los investigadores y los grupos de reflexión específicos.
Las administraciones públicas tienen cada vez más dificultades para conseguir mano de obra profesional y estable[20]. Solo uno de cada siete europeos considera que las administraciones públicas son un empleador atractivo[21]. Las administraciones regionales y locales de las zonas menos desarrolladas y pobladas se enfrentan a más obstáculos para atraer talento. Los datos demográficos muestran que el envejecimiento en varios Estados miembros provocará grandes olas de jubilaciones en sus administraciones públicas en los próximos diez años. Debido a sus requisitos específicos y largos plazos de contratación, las administraciones públicas corren graves riesgos de no poder garantizar la continuidad, la estabilidad, la adaptabilidad y el buen desempeño. La participación en la formación para adultos es baja en algunos Estados miembros, lo que limita la reserva de capacidades de las que pueden beneficiarse las administraciones[22]. Además, la externalización de las tareas especializados tiende a reducir la capacidad de las administraciones públicas de aprender y adquirir experiencia para gestionar tareas más complejas.
La Comisión, reconociendo los retos mencionados, ha desplegado una serie de instrumentos para apoyar la transformación administrativa de los Estados miembros[23] (23). El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia apoya una serie de reformas e inversiones para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos a todos los niveles[24].
El Instrumento de Apoyo Técnico (IAT)[25] proporciona conocimientos especializados para diseñar y aplicar una amplia gama de reformas. Además, la Comisión ayuda a los Estados miembros gracias a análisis nacionales y temáticos, el desarrollo de capacidades, orientaciones y la facilitación de intercambios entre homólogos[26]. El Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información de la Comisión[27] amplió su apoyo a las administraciones públicas de los Estados miembros para la aplicación y la garantía del cumplimiento de la legislación de la UE, así como para el intercambio de buenas prácticas de la UE.
La Comisión mantiene un compromiso constante con las administraciones homólogas, en particular a través de dos redes complementarias: el Grupo de Expertos sobre Administración Pública[28] y la Red Europea de Administración Pública (EUPAN)[29], cuyo objetivo es compartir conocimientos y prácticas. Esta colaboración se reforzó mediante reuniones periódicas del Grupo de Expertos y reuniones ministeriales informales más frecuentes, que dieron lugar a conclusiones sobre los retos comunes a los que se enfrentan las administraciones públicas, en particular las conclusiones de la reunión ministerial informal de Lisboa[30] y la Declaración de Estrasburgo[31]. Los debates trataron varios ámbitos clave, como el aumento del atractivo general de las administraciones públicas y la renovación de su imagen como empleadores modernos, la transformación digital y ecológica, el desarrollo de capacidades en la Administración pública a todos los niveles o el fomento de sinergias entre los proyectos ejecutados en el marco del IAT, el MRR y otros programas financiados por la UE o por los países.
Apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a reformas e inversiones en las administraciones públicas
La modernización de las administraciones públicas, con un presupuesto estimado de 1 800 millones EUR, ocupa un lugar destacado en varios PRR. Las reformas e inversiones emblemáticas tratan, entre otras cosas, la digitalización de la Administración pública, la ciberseguridad (Bulgaria, Chequia, Grecia, España, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia), los sistemas judiciales y la calidad del proceso legislativo (Bulgaria, Chequia, Grecia, España, Croacia, Italia, Letonia, Malta, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia), la lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes (Estonia, Grecia, España, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia).
La experiencia adquirida con los programas de la UE, incluido el IAT, así como las citadas conclusiones de la reunión ministerial informal de Lisboa en el marco de la EUPAN, ponen de manifiesto el interés de los Estados miembros por una cooperación más amplia y profunda entre ellos y con la Comisión. Por consiguiente, la Comisión propone en la presente Comunicación un conjunto de medidas (en lo sucesivo, «ComPAct») para ayudar a las administraciones de los Estados miembros a prepararse para las actuales necesidades de reforma y a anticipar las tendencias futuras, sobre la base de un conjunto común de principios de la Administración pública.
MEJORA DEL ESPACIO ADMINISTRATIVO EUROPEO
A pesar de la gran variedad de estructuras institucionales y tradiciones jurídicas, las administraciones públicas de los Estados miembros comparten un conjunto de valores y tareas y una comprensión común de la buena administración[32], formando el Espacio Administrativo Europeo[33]
Un conjunto común de principios globales[34] respaldan la calidad de la Administración pública:
- Una visión estratégica y un liderazgo que garanticen la capacidad, la resiliencia y el mantenimiento de la confianza pública.
- Una elaboración de políticas coherente, anticipatoria, basada en pruebas, participativa, preparada para la digitalización e inclusiva.
- Una función pública imparcial, profesional, basada en el mérito, colaborativa y eficaz, que cuente con buenas condiciones laborales.
- Unos servicios públicos de alta calidad, innovadores, centrados en el ser humano y accesibles.
- Subsidiariedad, coordinación, rendición de cuentas, apertura de la Administración pública, integridad y supervisión de los procesos administrativos.
- Unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, respaldadas por sistemas de contabilidad pública de devengo integrados y completos.
Con el ComPAct, la Comisión tiene por objetivo mejorar el Espacio Administrativo Europeo promoviendo estos principios y reforzando su apoyo a la modernización administrativa de los Estados miembros. El ComPAct respeta y no afecta a las competencias y características específicas de los Estados miembros. Las acciones se financiarán en el marco de los mecanismos de financiación de la UE existentes y a través de las redes de cooperación existentes. El ComPAct hará el mejor uso posible de la experiencia ya adquirida a través de los programas de la UE, incluido el IAT, así como los intercambios existentes en el contexto del Grupo de Expertos sobre Administración Pública y Gobernanza de la Comisión y la EUPAN, y ofrecerá nuevas y mejores oportunidades para que las administraciones de todos los niveles de los Estados miembros cooperen y aprendan unas de otras. El ComPAct también se basa en la experiencia de la Comisión adquirida mediante el despliegue de sus estrategias de recursos humanos, digitalización y ecologización[35] El ComPAct es una respuesta a los llamamientos de los Estados miembros[36], el Parlamento Europeo[37] y el Comité de las Regiones[38] para que la Comisión fomente la cooperación y el diálogo político y contribuya a mejorar la capacidad y la calidad de las administraciones públicas a nivel central, regional y local en Europa.
El ComPAct también ayudará a los países candidatos a la adhesión a la UE en su camino hacia la mejora de las administraciones públicas brindándoles la oportunidad de aumentar su participación en el intercambio y el aprendizaje entre homólogos. Esto también puede hacerse facilitando el acceso de los países candidatos al IAT.
Integración acelerada: participación de los países candidatos en calidad de observadores en proyectos del IAT
El desarrollo de una Administración pública profesional y eficaz es una de las condiciones fundamentales para la adhesión a la UE. En el contexto de una iniciativa sobre la «integración acelerada», los candidatos a la adhesión a la UE pueden ahora participar en varios proyectos de los Estados miembros, abordando conjuntamente problemas comunes. Por ejemplo, Albania participa como observadora en un proyecto con Portugal, España y los Países Bajos para mejorar la gestión de la participación ciudadana y las tecnologías emergentes. Bosnia y Herzegovina y Moldavia son observadoras en un proyecto con Estonia sobre políticas estratégicas y sostenibles de contratación pública.
El ComPAct consta de tres pilares:
Pilar 1. Agenda de Capacidades para la Administración Pública
Fomentar la cooperación administrativa entre las administraciones públicas a todos los niveles a fin de ayudar a su personal a desarrollar las capacidades para hacer frente a los retos actuales y futuros.
Pilar 2. Capacidad para la Década Digital de Europa
Reforzar la capacidad de las administraciones públicas para su transformación digital.
Pilar 3. Capacidad para liderar la transición ecológica
Reforzar la capacidad de las administraciones públicas para liderar la transición ecológica y aumentar la resiliencia.
Consecuentemente con los objetivos de este Blog solo se hará referencia SOLO al Pilar 2. Capacidad para la Década Digital de Europa.
Pilar 2. Capacidad para la Década Digital de Europa
La Década Digital establece los objetivos, que deben alcanzarse de aquí a 2030, de que el 100 % de los servicios públicos clave sean accesibles en línea para los ciudadanos y las empresas, y de que se conceda a todas las personas acceso a sus historiales médicos en línea y a un medio de identificación electrónica segura reconocida en toda la UE, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades de las personas que no tienen pleno acceso a los servicios digitales o tienen una capacidad limitada. Para que las administraciones públicas alcancen estos objetivos, son requisitos previos importantes: digitalizar los procedimientos administrativos; realizar los preparativos técnicos para ofrecer en 2026 la cartera de identidad digital de la UE; aumentar el intercambio automatizado de pruebas e información[39] para ofrecer servicios públicos digitales centrados en el usuario; y mejorar las capacidades digitales del personal. Las administraciones públicas pueden generar mejoras de eficiencia de entre 439 y 1 300 millones EUR al año aumentando el uso de los servicios públicos digitales en hasta un 80 % de aquí a 2030[40]. Mejorar la interoperabilidad transfronteriza de los servicios públicos digitales podría suponer una mejora de eficiencia de hasta 6,3 millones EUR para los ciudadanos y de entre 5,7 y 19 200 millones EUR para las empresas[41]. Los objetivos de la Década Digital guían a las administraciones públicas a través de su propia transformación digital y apoyan su adaptación a los cambios tecnológicos.
La rápida evolución de las tecnologías digitales y su uso requieren una adaptación activa del marco jurídico[42]: desde el uso de las herramientas digitales hasta la disponibilidad y el intercambio de datos, la interoperabilidad y el uso ético de la IA y otras tecnologías digitales. Además del reciclaje y el perfeccionamiento profesionales en el ámbito digital, las administraciones públicas deben adoptar la interoperabilidad, aprovechar la mayor disponibilidad de gran cantidad de datos, digitalizar los procedimientos administrativos y prepararse para la IA. También deben reforzar su cooperación en materia de gobernanza digital en la UE para compartir y desarrollar conjuntamente soluciones, evitar la fragmentación, poner en común recursos de tratamiento de datos y mejorar el intercambio de datos. Esto reduciría la brecha digital al hacer los servicios públicos más inclusivos y accesibles para todos.
Las acciones en el marco de este pilar se ejecutarán principalmente a través del IAT y otros mecanismos de financiación de la UE, como el programa Europa Digital, el Programa para el Mercado Único y el Mecanismo «Conectar Europa» – Sector digital.
- Administraciones públicas digitales preparadas para el futuro
Las administraciones públicas deben adoptar las tecnologías digitales cambiando al mismo tiempo su modo de funcionamiento. Se espera de ellas que presten servicios de manera fluida y fácil de usar para los ciudadanos, las empresas y su propio personal. Esto implica a menudo una profunda transformación (digital) para rediseñar los procesos actuales o cambiar las políticas, simplificar la vida cotidiana de las personas y mejorar el entorno empresarial reduciendo la burocracia.
Mediante la aplicación de la legislación digital de la UE, las administraciones públicas pueden colaborar más eficazmente, alinear sus esfuerzos con los objetivos a escala de la UE y establecer infraestructuras y servicios digitales y de datos más resilientes y sostenibles. La legislación de la UE proporciona el marco para un intercambio de datos eficaz y seguro y la interoperabilidad entre las administraciones públicas. Un mecanismo de cooperación estructurado entre las oficinas de los Estados miembros encargadas de la transformación digital, normalmente los directores de servicios de información, es fundamental para la interoperabilidad del sector público de la UE. Esto facilita los proyectos conjuntos de innovación, permite la reutilización de tecnologías probadas y reduce el coste y el riesgo de inversión, permitiendo un despliegue más rápido y seguro de los servicios públicos digitales conectados[43] . Además, la Directiva SRI 2[44] exige a las administraciones públicas que adopten medidas de ciberseguridad adecuadas y proporcionadas y garanticen la prestación segura de sus servicios. En 2023 se asignaron 30 millones EUR al programa Europa Digital para apoyar la ejecución de la legislación de la UE en materia de ciberseguridad y las estrategias nacionales de ciberseguridad.
La Comisión está supervisando el impacto de la transformación digital en la gobernanza pública en toda la UE mediante la recopilación y el análisis de datos, procedentes de los mecanismos de seguimiento existentes o emergentes[45] , y el intercambio de conclusiones y recomendaciones. También está estudiando el impacto, los riesgos y las oportunidades de la IA y las tecnologías emergentes para las administraciones públicas[46].
El IAT ya ha apoyado 180 reformas de transformación digital en todos los Estados miembros para desarrollar estrategias de adopción de las nuevas tecnologías digitales, reforzar la gobernanza digital, crear prototipos o probar nuevas soluciones. Al mismo tiempo, los PRR apoyan la transformación digital de las administraciones públicas, dedicando un 37 % del gasto digital, es decir, 53 000 millones EUR, a los servicios públicos digitales y la administración electrónica. Las reformas están orientadas a introducir o mejorar soluciones de administración electrónica, como la implantación de la identificación electrónica, a garantizar la interoperabilidad de las plataformas públicas digitales y a mejorar la recogida y la gestión de datos. Las inversiones tienen por objeto integrar tecnologías avanzadas en los procesos gubernamentales, así como reforzar la ciberseguridad. Las inversiones previstas en la política de cohesión 2021-2027 en apoyo de la transición digital ascienden a más de 39 000 millones EUR, de los cuales 11 200 millones EUR están previstos para los servicios digitales y la digitalización de las empresas y las administraciones públicas.
La Comisión también apoya la cooperación público-privada «GovTech», que estimula la innovación en el sector público y contribuye a que los servicios públicos sean más accesibles, inclusivos y eficientes. Un centro de conocimiento y un espacio virtual que muestra experiencias promueven la adopción de las tecnologías emergentes, como los mundos virtuales y la Web 4.0, en el sector público (Public Sector Tech Watch)[47]. La Comisión cofinancia instalaciones de ensayo y experimentación de IA para ciudades y comunidades inteligentes a través de un proyecto, de cinco años de duración y con una dotación de 40 millones EUR, centrado en el clima, el medio ambiente, la movilidad y otras infraestructuras locales.
Pueden establecerse mejores sinergias entre la prestación de apoyo técnico y las acciones en curso para la implementación de la Década Digital. A tal fin, la Comisión seguirá compartiendo buenas prácticas y promoviendo activamente los proyectos piloto y la adopción operativa en el marco de la IAT de modelos y prototipos desarrollados en el marco de otros programas de la UE (en particular, Horizonte 2020 y Horizonte Europa, programa Europa Digital y Justicia).
La Comisión:
- Ayudará a las administraciones públicas aejecutar la legislación digital y relacionada con los datosy a aumentar su preparación para integrar las tecnologías de IA en sus operaciones de manera segura y fiable, a supervisar las tecnologías de IA, a reforzar la ciberseguridad y a diseñar y ejecutar políticas públicas, también para apoyar la convergencia de las prácticas de contratación pública (a partir del primer trimestre de 2024).
- Promoverá eluso sostenible y eficaz de las tecnologías emergentes por parte de las administraciones públicas, por ejemplo mediante el desarrollo de estándares abiertos o el apoyo a los servicios públicos transfronterizos que utilicen tecnologías descentralizadas, como las tecnologías de registros distribuidos (por ejemplo, la cadena de bloques) (a partir del primer trimestre de 2024).
Se anima a los Estados miembros a aprovechar las oportunidades existentes y las nuevas para aumentar su preparación digital, en particular mediante el apoyo técnico y la participación en comunidades de práctica. También se les anima a promover estas oportunidades en sus administraciones y a apoyar la integración segura de la IA y otras tecnologías digitales en sus operaciones. En particular, la plataforma de IA a la carta apoyará la adopción de tecnologías de IA fiables, éticas y transparentes por parte de la industria y el sector público. Además, pueden participar activamente en los consorcios de infraestructuras digitales europeas existentes y futuros para tendencias y programas emergentes, tales como los mundos virtuales, las tecnologías lingüísticas y CitiVerses.
- Marcos, directrices y herramientas para la transformación digital
La UE aspira a que los servicios sean accesibles para todas las personas sin discriminación, en consonancia con los valores y principios acordados en el ámbito digital[48], tales como el principio de «solo una vez» y la centralidad del ser humano. El aumento de la interoperabilidad es esencial a este respecto, ya que permite la armonización jurídica, organizativa, semántica y técnica para el intercambio transfronterizo de datos, tal como recomienda el Marco Europeo de Interoperabilidad. La interoperabilidad también es crucial para eliminar los obstáculos al mercado único y prestar servicios públicos digitales interconectados. Se han desarrollado soluciones interoperables específicas en diversos ámbitos[49], como las aduanas, la contratación pública o la legislación[50]. Además, la Comisión ha propuesto acciones específicas para mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social mediante una mayor digitalización[51]. Con su participación en el movimiento «Living-in.EU», la Comisión anima a las ciudades y comunidades a adoptar de común acuerdo soluciones digitales interoperables para prestar servicios más informados, innovadores y de alta calidad a los ciudadanos y las empresas.
Los esfuerzos en pro de la interoperabilidad son polifacéticos e incluyen la interconexión de las infraestructuras pertinentes, tales como las infraestructuras en la nube, el próximo marco jurídico relativo a la identidad digital (que establece especificaciones comunes para las carteras de identidad digital de la UE) y los espacios de datos para la Administración pública[52].
El sistema técnico «solo una vez»
El Reglamento sobre la pasarela digital única[[53]] proporciona el marco jurídico para la creación de espacios comunes europeos de datos destinados a que las administraciones públicas compartan información de manera fiable. A más tardar en diciembre de 2023, la Comisión y los Estados miembros establecerán un espacio de intercambio de datos entre gobiernos, conocido como sistema técnico de «solo una vez». Este sistema facilitará y acelerará significativamente los procedimientos administrativos transfronterizos para compartir datos y documentos cubiertos por la pasarela digital única. De este modo, será más fácil para las personas estudiar, desplazarse, trabajar y jubilarse, y las empresas y las pymes podrán hacer negocios en toda la UE más fácilmente. El sistema conectará a las autoridades públicas de toda la UE para que puedan intercambiar los documentos oficiales y los datos necesarios para estos procedimientos administrativos a petición de los ciudadanos o de las empresas.
La Comisión:
- Apoyará la prestación de servicios administrativos en línea plenamente accesibles mediante el uso de la pasarela digital única, la iniciativa de administración electrónica para digitalizar la Administración pública y el intercambio automatizado de pruebas gestionado con el sistema técnico «solo una vez» y la verificación de la autenticidad de las pruebas a través del Sistema de Información del Mercado Interior[54]. Seguirá facilitando la interconexión de los espacios comunes europeos de datos y promoviendo el intercambio transfronterizo electrónico de información entre las administraciones públicas, posibilitado por el Sistema de Información del Mercado Interior y el intercambio electrónico de información sobre seguridad social (a partir del cuarto trimestre de 2023).
- Desarrollará herramientas paraaumentar la interoperabilidad y para prestar servicios de forma fluida. En particular, podría crear un Centro de Apoyo a la Europa Interoperable, que ayudaría a las administraciones públicas en el establecimiento de evaluaciones de interoperabilidad y promovería el Marco Europeo de Interoperabilidad, así como su especialización, por ejemplo en materia de las ciudades y comunidades inteligentes (a partir del primer trimestre de 2024).
- Publicará unpanorama de las oportunidades de financiación para la transformación digital de las administraciones públicas y las sinergias entre ellas (a partir del cuarto trimestre de 2024).
- Apoyará lafederación de capacidades en la nube en todas las administraciones públicas para reforzar su base tecnológica y mejorar su prestación de servicios públicos[[55]]. Para ello, la Comisión adquirirá una plataforma inteligente de soporte intermedio de código abierto, publicará orientaciones sobre la contratación pública de servicios en la nube y fomentará la interconexión y la interoperabilidad de los servicios en la nube de la Administración pública (a partir del cuarto trimestre de 2024).
Se anima a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades de apoyo a su transformación digital, como el IAT y otros mecanismos de financiación de la UE, así como la formación y las herramientas específicas. Los Estados miembros pueden participar activamente en los esfuerzos de la Comisión por facilitar el intercambio transfronterizo electrónico de datos entre las administraciones públicas y mejorar su interoperabilidad. También pueden utilizar el apoyo de la Comisión para digitalizar sus sistemas judiciales a través de la legislación, la financiación, el desarrollo de herramientas informáticas y la promoción de instrumentos nacionales de coordinación y seguimiento.
[1] Comisión Europea, «Informe sobre prospectiva estratégica de 2021
[2] Comunicación de la Comisión titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» [COM(2023) 168 final].
[3] Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» [COM(2020) 274 final].).
[4] Datos de Eurostat (2021)
[5] Esto incluye datos de la encuesta de población activa de la UE relativos a los sectores de la Administración pública, la defensa, la seguridad social obligatoria, la educación y la salud (2022).)
[6] Datos de Eurostat (2020)
[7] Esta cifra se refiere a las licitaciones públicas que superan unos valores contractuales específicos y están publicadas en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (serie S): https://simap.ted.europa.eu/web/simap/european-public-procurement.
[8] Comisión Europea, «Octavo informe sobre la cohesión económica, social y territorial».
[9] Comunicación de la Comisión titulada «El aprovechamiento del talento en las regiones de Europa» [COM(2023) 32 final].
[10] Plan de Acción para la Democracia Europea.
[11] Paquete de lucha contra la corrupción.
[12] Por ejemplo, a través de ventanillas únicas para la autorización de proyectos de energías renovables y de cero emisiones netas. Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan Industrial del Pacto Verde para la era de cero emisiones netas» [COM(2023) 62 final]
[13] Banco Mundial, «Índice de Eficiencia de los Gobiernos».
[14] OCDE (2023), More resilient public administrations after COVID-19 [«Administraciones públicas más resilientes tras la COVID-19», documento en inglés]. Informe del proyecto sobre el refuerzo de la resiliencia de las administraciones públicas tras la crisis de la COVID-19 con el MCE 2020, financiado por el Instrumento de Apoyo Técnico.
[15] Cuadro de Indicadores del Mercado Único (UE), Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (UE), Panorama de Política Reglamentaria (OCDE).
[16] Comisión Europea, «Informe sobre el coste del bajo rendimiento en la Administración pública». Próxima publicación.
[17] Eurobarómetro especial 523, «Entender la opinión de los europeos sobre la necesidad de reformas» (abril de 2023).
[18] El Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OCDE, financiado por Horizonte Europa, ofrece orientación y asesoramiento personalizado sobre la manera en que los gobiernos pueden apoyar la innovación, incluidos los enfoques de innovación anticipatoria.
[19] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Apoyar y conectar la elaboración de políticas en los Estados miembros con la investigación científica» [SWD(2022) 346].
[20] OCDE (2023), Strengthening the attractiveness of the public service in France. Towards a territorial approach [«Reforzar el atractivo de la función pública en Francia. Hacia un enfoque territorial», documento disponible en inglés y en francés].
[21] Véase la nota a pie de página 17 (Eurobarómetro).
[22] Tema prioritario del Espacio Europeo de Educación. Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030) (2021/C 66/01).
[23] Parlamento Europeo (2016), Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it [«Reforma del sector público: cómo se utiliza el presupuesto de la UE para fomentarla», documento en inglés].
[24] Cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia.
[25] Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo técnico.)
[26] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Supporting public administrations in EU Member States to deliver reforms and prepare for the future [«Apoyar a las administraciones públicas de los Estados miembros de la UE para llevar a cabo reformas y prepararse para el futuro», documento en inglés] [SWD(2021) 101].).
[27] TAIEX.)
[28] Comisión Europea, Commission Decision setting up the group of experts on public administration and governance [«Decisión de la Comisión por la que se crea el Grupo de Expertos sobre Administración Pública y Gobernanza», documento en inglés] [C(2021) 9535 final].
[29] EUPAN – Red Europea de Administración Pública.
[30] Reunión informal de ministros de Administración Pública de la UE (2021).
[31] Strasbourg Declaration on the Common values and challenges of European Public Administrations [«Declaración de Estrasburgo sobre los valores y retos comunes de las administraciones públicas europeas», documento en inglés] (2022).).
[32] Estudio de la Agencia Sueca de Administración Pública realizado dentro de la EUPAN (2023), Good administration in European countries [«Buena administración en los países europeos», documento en inglés].
[33] Término utilizado para describir una convergencia cada vez mayor de las prácticas administrativas entre los Estados miembros, basada en valores y principios compartidos, hacia normas y enfoques comunes de funcionamiento.
[34] Basados en los Principios de la Administración Pública, SIGMA (colaboración UE – OCDE). Próxima revisión: 2023.
[35] Comisión Europea, A new Human Resources Strategy for the Commission [«Una nueva estrategia de recursos humanos para la Comisión», documento en inglés] [C(2022) 2229 final]; European Commission digital strategy [«Estrategia digital de la Comisión Europea», documento en inglés] [C(2022) 4388 final]; Greening the Commission [«Ecologización de la Comisión», documento en inglés] [C(2022) 2230 final].).
[36] Véase la nota a pie de página 31 (Declaración de Estrasburgo).
[37] Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público.)
[38] Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejora de la capacidad administrativa de los entes locales y regionales para reforzar la inversión y las reformas estructurales en 2021-2027 (2019).
[39] Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1463 de la Comisión, por el que se establecen las especificaciones operativas y técnicas del sistema técnico para el intercambio automatizado transfronterizo de pruebas y la aplicación del principio de «solo una vez».
[40] Véase la nota a pie de página 16 (Informe sobre el coste del bajo rendimiento en la Administración pública).
[41] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Impact Assessment Report for the Interoperable Europe Act proposal [«Informe de evaluación de impacto de la propuesta de Ley sobre la Europa Interoperable», documento en inglés] [SWD(2022) 721].
[42] El marco regulatorio relativo a las tecnologías digitales incluye la propuesta de Ley de datos, la Directiva sobre datos abiertos y el Reglamento de Ejecución sobre conjuntos de datos de alto valor conexo, el Reglamento de Gobernanza de Datos, la propuesta de Reglamento sobre inteligencia artificial, la propuesta de Reglamento sobre una Europa interoperable, el Reglamento sobre mercados digitales, y el Reglamento sobre servicios digitales.
[43] Comisión Europea, Una política de interoperabilidad del sector público reforzada [COM(2022) 710 final].
[44] Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión.
[45] Siguiendo los recientes trabajos sobre el panorama del seguimiento de la interoperabilidad y la transformación digital y sobre la determinación de oportunidades para racionalizar el seguimiento europeo de las políticas digitales por parte del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.
[46] Comisión Europea, Centro Común de Investigación, AI Watch. European landscape on the use of Artificial Intelligence by the Public Sector [«AI Watch. Panorama europeo del uso de la inteligencia artificial en el sector público», documento en inglés], European Landscape on the Use of Blockchain Technology by the Public Sector [«Panorama europeo del uso de la tecnología de cadena de bloques por el sector público», documento en inglés] y Next generation virtual worlds: opportunities, challenges, and policy implications [«Mundos virtuales de la próxima generación: oportunidades, retos e implicaciones políticas», documento en inglés].
[47] Véase JoinUp.
[48] Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y el gobierno digital basado en valores.
[49] Plataforma Joinup.
[50] El entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas racionaliza el intercambio electrónico de documentos e información necesarios para el proceso de despacho de mercancías; el Espacio Europeo de Datos sobre Contratación Pública facilita una visión más completa de la contratación pública en la UE; Sistemas de identificación, como la legislación europea de la UE o los identificadores de jurisprudencia, para los intercambios transfronterizos en el ámbito jurídico.
[51] Comunicación de la Comisión sobre la digitalización de la coordinación de la seguridad social: facilitar la libre circulación en el mercado único [COM(2023) 501 final].
[52] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Common European Data Spaces [«Espacio común europeo de datos», documento en inglés] [SWD(2022) 45 final].
[53] REGLAMENTO (UE) 2018/1724 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 2 de octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012
[54] En la actualidad, el sistema apoya 95 procedimientos de cooperación administrativa en 19 ámbitos políticos diferentes relacionadas con el mercado único.
[55] Esto fue anunciado en la Estrategia Europea de Datos y reiterado en la Declaración de los veintisiete Estados miembros sobre la creación de la nube de próxima generación para las empresas y el sector público de la UE.
